La Historia que pudo ser y no fue

LA HISTORIA QUE PUDO SER

Y NO FUE

Si en el período de 1820 a 1842 el Perú aparece luchando, desangrándose, bajando y subiendo en un proceso de definición nacional, el período de 1842 a 1866, más o menos, y aun en años siguientes, se presenta caracterizado por el apogeo y, en medio del apogeo, por la prodigalidad. Con la fácil riqueza del guano y del salitre tuvo entonces el Perú todo lo que suele darse en los aristócratas acaudalados: cordialidad en el trato, generosidad en el gasto, abundancia en la dádiva, falta de cordura para ordenar los propios asuntos, despreocupa ción por el mañana. ¿Fue ello inevitable? Y aun si lo fue ¿podemos imaginar una trayectoria distinta? Un escritor francés escribió un ensayo titulado Napoleón venció en Waterloo, es lo que se llama la "ucronía". A la manera de él cabe soñar en una historia que pudo ser y no fue, en una historia imaginada pero verosímil, en una historia que contara lo que hubiese ocurrido si el siglo XIX peruano no hubiera sido (como en realidad fue) un siglo de oportunidades perdidas y de ocasiones no aprove chadas. 

Supóngase que en los manuales de esa historia de lo que pudo haber ocurrido, se leyeran estas o parecidas palabras: "Durante los años anteriores a 1879 llegó a promulgarse una Constitución realista y útil y los asuntos del Estado dejaron de ser manejados empíricamente y comenzaron a ser tratados con criterio técnico. La hacienda pública reposó sobre un maduro plan tributario y el crédito externo del país pudo permitir cualquier operación de emergencia. El problema indígena fue abordado cuidadosamente y se elevaron el nivel de vida y la capacidad productiva del hombre peruano. La aptitud de crear, circular y consumir riqueza creció paulatinamente entre ellos. Hubo correlación silenciosa, continua y eficaz entre el 'país legal' y el 'país profundo'. El comando militar y la acción diplomática estuvieron al servicio de un coherente, definido y sistemático plan internacional. Dos nuevos blindados, el 'Mariscal Castilla' y el 'Dos de Mayo' llegaron de Inglaterra para incrementar la escuadra. Comisiones especiales estudiaron las características de la guerra franco-prusiana de 1870 y las lecciones de ella aprovechables en América del Sur. Una instrucción pública en creciente expansión se caracterizó por ser adecuada a las circunstancias del ambiente y por ser sana en sus esencias y sus virtualidades y por eso desde las aulas escolares y universitarias se fue fomentando el estudio constructivo del Perú". 

Estas cosas y otras parecidas podrían haber dicho los manuales al hablar de la época anterior a 1879. Pregúntense, serena y lúcidamente, cuando estén a solas los peruanos, hijos o nietos o bisnietos de los hombres que lucharon en aquella guerra terrible, pregúntense con franqueza y sin mezquindades, con seriedad y sin acrimonia, sacudiendo con manos trémulas a la esfinge severa de la Historia: –¿Qué dirían, qué dirían esos manuales al llegar a 1879?

Mariano Ignacio Prado

 MARIANO IGNACIO PRADO OCHOA

Nació  en  Huánuco,  el  18  de diciembre  de  1825.  Era  hijo  de Ignacio  Prado  (¿?  -  4/5/1833)  y Francisca  Ochoa  Tafur  (¿?  - 1827),  miembros  de  una  familia de escasos recursos económicos.   Se cree que Ignacio Prado nació en el pueblo de San Damián, en la provincia de Huarochirí.  Era hijo de  Juan  Prado.  No  se  puede precisar si el apellido de la madre era  Zoroastúa  o  Ballayro. Francisca  Ochoa  era  natural  de Huánuco. Contrajeron matrimonio el 5 de junio de 18042.   Su  madre  falleció  en  mayo  de 1827,  cuando  Mariano  Ignacio Prado era poco más que un bebe. Las dificultades de  la infancia se le  acrecentaron  pues  su  padre murió, quedando él en la orfandad absoluta, a los escasos 7 años de edad,  hecho  agravado  porque  la situación  económica  de  su progenitor  le  impidió  dejar  a  sus vástagos herencia alguna.   Hizo sus estudios escolares en Huánuco. En medio de limitaciones económicas pasó su infancia y juventud. Se dedicó a algunas actividades comerciales para asegurar su subsistencia y a realizar algunos trámites judiciales sin poseer título de abogado. No era miembro de Ejército sino más bien de la Guardia Nacional, donde tenía el grado de capitán, lo que solo le proveía algún ingreso cuando esta era convocada por las autoridades políticas a fin de asegurar el orden público. (*)

(*) Al  propósito  del  tema,  el  doctor  Francisco  García  Calderón  Landa  en  su  Diccionario  de  la legislación peruana define la Guardia Nacional: “Se da este nombre a los cuerpos formados de todos los ciudadanos que, sin estar sujetos al estricto servicio que prescriben las ordenanzas, se ejercitan periódicamente en el manejo de las armas; y pueden emplearse, en caso preciso, en conservar el orden y cuidar de la seguridad pública. Suele darse también a la Guardia Nacional los nombres de milicias, guardia civil y fuerza cívica, porque los individuos que hacen parte de ella no renuncian sus ocupaciones cotidianas y solo  se  ocupan  del  ejercicio  militar  en  días  determinados”  (García  Calderón,  Francisco, Diccionario de la legislación peruana, tomo II, p. 228. Lima, Imprenta del Estado, 1862).

 

La Guardia Nacional estaba regulada por la Constitución Política y por la ley del 2  de  marzo  de  1857,  que  modificó  las  normas  anteriores.  En  su  artículo  1 ordenaba:  “La  Guardia  Nacional  se  compone  de  todos  los  varones  que  la Constitución reconoce como peruanos, excepto los ordenados in sacris, los que hubieren hecho votos monásticos, los menores de diez y ocho años,  los  mayores  de  sesenta,  los  valetudinarios,  los  inhábiles  y  los individuos del Ejército y la Armada en actual servicio”.   

El artículo 28 añadía:  “La Guardia Nacional está obligada a defender la soberanía de la nación, la integridad de su territorio, la Constitución y las leyes; a conservar el orden público y a desempeñar los demás actos del servicio en el modo y según las reglas que esta ley prescribe”.  Cada  cuerpo  de  la  Guardia  Nacional  tenía  un  teniente  coronel,  un  sargento mayor y la dotación de oficiales y clases de tropa que  requiriese.  

El teniente coronel, el sargento mayor y los ayudantes eran elegidos por sus miembros. Los capitanes, tenientes primeros y segundos, y los subtenientes eran elegidos por los  miembros  de  cada  compañía.  Este  último  era  el  caso  del  capitán  de  la Guardia  Nacional  Mariano  Ignacio  Prado.  Para  los  cargos  de  subteniente  a capitán se solicitaba como requisitos saber leer y escribir y poseer una renta de 300 pesos, mientras que para los grados de mayor a coronel la renta se debía elevar a 500 pesos.  Durante el gobierno del Presidente Constitucional de la República, general José Rufino Echenique, estalló en Arequipa una revolución liberal, encabezada por el Gran Mariscal Ramón Castilla (1854). Echenique y sus principales colaboradores fueron acusados de corruptos, principalmente por la llamada consolidación de la deuda del Estado. Prado se unió a Castilla, integrándose al regimiento Lanceros de la Escolta, siendo ascendido a teniente coronel. El 5 de enero de 1855 en la batalla de La Palma (Surco) Castilla logró la victoria definitiva sobre las tropas gobiernistas  y  asumió  el  Mando  Supremo  como  Presidente  Provisorio  de  la República.

El 5 de febrero el gobierno convocó a elecciones para la Convención Nacional, la que se instaló el 14 de julio siguiente. Mariano Ignacio Prado fue elegido  Diputado  por  la  entonces  provincia  de  Huánuco,  que  dependía  del departamento de Junín.  Sin embargo, seis meses después solicitó licencia  al Poder Legislativo y se reintegró a su regimiento. El 13 de octubre de 1856 la Convención  Nacional  aprobó  una  nueva  Constitución  Política,  de  carácter marcadamente  liberal,  la  que  limitó  las  atribuciones  del  Jefe  del  Estado  –estableció la vacancia de la Presidencia de la República por atentar contra la forma de gobierno o disolver el Congreso, recortó el período gubernamental de seis  a  cuatro  años,  creó  el  Consejo  de  ministros,  etc.–;  suprimió  los  fueros eclesiásticos, los diezmos y las primicias; abolió la pena de muerte; estableció el quien era hijo del ingeniero Augusto Tamayo Chocano y de Guillermina Möller Sojo Vallejo. Manuel Tamayo fue un destacado médico e investigador, autor de numerosas publicaciones sobre salud pública, la verruga y otros temas de su especialidad, quien falleció de peritonitis. Luego de este hecho Rosa Prado decidió consagrar su vida a Dios y profeso de religiosa, como hermana de la Comunidad del Sagrado Corazón.  Josefa  Prado  Ugarteche  (Lima,  9/12/1878  -  1881):  Fue  bautizada  en  el adoratorio del Palacio de Gobierno, el 12 de enero de 1879.  Jorge Antonio Prado Ugarteche (Lima, 13/5/1887 - 29/7/1970): Fue bautizado en la Parroquia de El Sagrario, en Lima, el 30 de mayo de 1887. Junto con sus hermanos Javier y Manuel apoyó al coronel Óscar Raymundo Benavides Larrea  cuando  éste  decidió  deponer  al  Presidente  Constitucional  de  la República,  Guillermo  Billinghurst  Angulo,  el  4  de  febrero  de  1914.   

Sin embargo, cabe precisar que Billinghurst estaba proyectando romper el Estado de Derecho y disolver al Congreso que lo había elegido Presidente porque no contaba con una mayoría parlamentaria oficialista. Diputado por las provincias de Lima (1917) y Dos de Mayo (1919). Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Gobierno y Policía (1933 - 1934); candidato a la Presidencia de la República  en  1936  y  embajador  y  ministro  plenipotenciario  en  Brasil  e Inglaterra. Casado con Grace Flinders.  El  ingeniero  Manuel  Carlos  Antonio  Prado  Ugarteche  (Lima,  21/4/1889  - 15/8/1967): Fue bautizado en la Parroquia de El Sagrario, en Lima, el 3 de junio de 1889. En dos ocasiones fue elegido Presidente Constitucional de la República (1939 - 1945 y 1956 - 1962). Contrajo matrimonio con Enriqueta Garland Higginson, en su oratorio particular, el 19 de enero de 1914. La novia era hija de Guillermo Garland von Lotten y Elsa Higginson Carreño. Fruto de esta unión fueron sus hijos Manuel y Rosa Prado Garland. El 19 de junio de 1958,  luego  de  divorciarse,  contrajo  un  segundo  matrimonio  con  Clorinda Mercedes  Málaga  Bravo  (3/9/1905  -  1993),  quien  era  hija  del  ingeniero  y empresario minero Fermín Málaga Santolalla (1869 - 1964) y Clorinda Bravo Bresani.  Fue  Diputado  por  Huamachuco  (1919).  Por  su  oposición  a  la reelección del Presidente Augusto B. Leguía tuvo que partir al exilio. Regresó al país en 1932. Fue presidente de las Empresas Eléctricas Asociadas y del Banco  Central  de  Reserva.  En  dos  oportunidades  fue  elegido  Presidente Constitucional de la República (1939-1945 y 1956-1962).  

En las elecciones de 1862 fue elegido Presidente Constitucional de la República el mariscal Miguel San Román, quien falleció a los pocos meses de iniciada su gestión.  Al  hallarse ausentes de  la capital los  dos vicepresidentes  –el Primer Vicepresidente,  general  Juan  Antonio  Pezet,  en  Europa;  y  el  Segundo Vicepresidente,  general  Pedro  Diez  Canseco  Corbacho,  en  Arequipa–  el mariscal Castilla se encargó interinamente del Mando Supremo. El 10 de abril fue relevado por Diez Canseco, quien estuvo encargado hasta el 5 de agosto, fecha  en  que  Pezet  asumió  la  Presidencia.  Le  tocó  enfrentar  la  grave  crisis internacional ocasionada por la agresión española a nuestro país. En agosto de 1862 partió de Cádiz una “expedición científica”, transportada por una escuadra española,  conformada  por  cuatro  buques  de  guerra,  con  destino  a  América.

 

  tuvo sin duda su origen en el patrimonio mal habido del general Mariano Ignacio Prado” (*).   McEvoy concluye que…  “Desde minas hasta inversiones inmobiliarias, pasando por un banco, el balance patrimonial del ex prefecto de Arequipa, calculado luego de la Guerra del Pacífico en 70 millones de dólares, es impresionante. Las adquisiciones,  debidamente  documentadas  por  García  Belaunde,  son producto de una habilidad para los negocios inusual entre los militares peruanos  que,  como  hemos  señalado,  morían  pobres. 

* García Belaunde, Víctor Andrés, El expediente Prado, p. 450. Fondo Editorial de la Universidad de San Martín de Porres, Lima, 2014. 29 El autor muestra parte de la escritura pública en que aparecen las cifras referidas a la venta final de las minas de Prado en Chile por 175,000 libras esterlinas. Su valor actual, según expertos en  el  tema,  ascendería  a  más  de  300  millones  de  dólares.  Hay,  asimismo,  un  texto  en  que Thomas North dice haberlas comprado. Y esto incluía el muelle en Laraquete, el ferrocarril, las bodegas, etc. Lo que ha faltado investigar es a quién y por cuánto vendió Prado sus minas en Bolivia  (Caracoles),  la  isla  Juan  Fernández,  su  barco  Concepción  y  sus  casas en  Viña  y en Caupolicán. (Esta procede de la obra que se cita). 30  Prólogo  a  la  obra  de  Víctor  Andrés  García  Belaunde,  El  expediente  Prado,  p.  21.  Fondo Editorial de la Universidad de San Martín de Porres, Lima, 2014. 31 Artículo elaborado por Fernando Ayllón Dulanto. Sitio Web del Museo del Congreso y de la Inquisición.

 

Es,  también, bastante inusual la estrecha relación que Prado sostiene con los políticos chilenos,  a  quienes  el  jefe  de  Estado  hace  confidencias  que  aún sorprenden. Y es que para un hombre forjado en una realidad donde lo público y lo privado se imbricaban resultaba muy normal confiar secretos de  Estado  al  amigo  personal,  olvidando  que  este  era  el  potencial enemigos de la nación a la que el no solo representaba, sino que también debía proteger. Porque para quien salió a comprar barcos en una guerra que se estaba perdiendo y, además, nunca rindió cuentas precisas del dinero  que  el  Estado  peruano  le  asignó,  los asuntos  del  gobierno  se resolvían a título personal”.  El  martes  28  de  julio  de  1874,  al  asumir  la  Presidencia  de  la  Cámara  de Diputados, durante la sesión de instalación de la Legislatura Ordinaria, el general Mariano Ignacio Prado Ochoa, pronunció las siguientes palabras:   PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, GENERAL MARIANO IGNACIO PRADO OCHOA  Señores:  Hoy es el gran día de la Patria, de esta Patria que fundó el ilustre San Martín; y que  nosotros,  Representantes  del  pueblo,  debemos  consolidar.  Ella  viene atravesando por rudas pruebas. Dios quiera seamos tan patriotas y tan dichosos que podamos guiarla a la prosperidad. En el nombre de Dios Todopoderoso se abren  las  sesiones  de  la  Cámara  de  Diputados  del  Congreso  Ordinario  de 1874.

La Conferencia de Paz de Arica (Lackawanna)

LA CONFERENCIA DE PAZ DEL LACKAWANNA

 Foto del USS Lackawanna, lugar donde se realizaron las conferencias, de izquierda a derecha se ven los retratos de Thomas Osborn (Estados Unidos), Eusebio Lillo (Chile), José Francisco Vergara (Chile), Eulogio Altamirano (Chile), Antonio Arenas (Perú), Aurelio García y García (Perú), Mariano Baptista (Bolivia), Juan Crisóstomo Carrillo (Bolivia) (Texto: Juan José Pacheco Ibarra)

El 22 de octubre de 1880 se iniciaron las conferencias de Arica. En la bahía de Arica, a bordo del barco norteamericano “Lackawanna”, allí se reunieron los representantes de Chile, Perú y Bolivia, para detener la guerra entre estos tres países. Las conferencias se realizaron entre 22, 25 y 27 de octubre de 1880 estuvieron dirigidas a cargo del ministro norteamericano Thomas Osborn.

Los representantes chilenos Eulogio Altamirano, José Francisco Vergara y Eusebio Lillo presentaron como condiciones para lograr la paz:

1. Cesión a Chile de los territorios de Antofagasta y Tarapacá;

2. Pago a Chile de una indemnización de 20 millones de pesos, cuatro de los cuales serían en efectivo;

3. Devolución de todas las propiedades chilenas confiscadas en el Perú y Bolivia;

4. Devolución del transporte Rímac;

5. Anulación del Tratado Secreto de Alianza entre Perú y Bolivia;

6. Chile se quedaría con los territorios de Moquegua, Tacna y Arica como garantía para cumplir las condiciones anteriores;

7. El puerto de Arica sería devuelto condición de ser puerto comercial y no militar.

Los representantes del Perú, Antonio Arenas y Aurelio García y García, propusieron que el territorio peruano sea intangible, se negaron a pagar indemnización y propusieron que Estados Unidos sea árbitro en el proceso de paz. Los representantes de Bolivia apoyaron la posición peruana.

Los Representantes de Chile, rechazaron la idea del arbitraje y se reafirmaron en sus peticiones.

El Ministro americano Osborn, dejó en claro en todo momento, que el Gobierno de los Estados Unidos no deseaba ser árbitro en esta cuestión, pero si mediador. En realidad, esta negociación mostraba a Estados Unidos como un país preocupado por intervenir en un conflicto que podía tener consecuencias continentales, pues detrás de él estaban los intereses comerciales de Inglaterra.

Hasta la última reunión celebrada el 27 de octubre, los representantes chilenos se mantuvieron firmes en sus demandas, los peruanos lamentaron que el gobierno de Chile rechazara el arbitraje norteamericano.

En algún momento los chilenos propusieron a los bolivianos romper su alianza militar con Perú y ofrecerles un puerto en Moquegua. Bolivia no aceptó traicionar al Perú.

De esta manera fracasaron las negociaciones de paz, la guerra entraría a una etapa de mayor agresión: las tropas chilenas invadirán las ciudades de la costa peruana hasta ocupar la ciudad de Lima en enero de 1881. (Juan José Pacheco Ibarra)

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Artículo de Juán José Pacheco Ibarra publicado en Rincón de la historia Peruana, 22/10/2015 

Los empresarios chilenos en la Guerra del Pacífico

EMPRESARIADO Y GUERRA

Los causantes de que la Guerra del Pacífico se desatara: La Reina Victoria I de Inglaterra, Anthony Gibbs y John Thomas Nort, los empresarios que representaban a la corona en Sudamérica y los chilenos Agustín Edwards Ross (político y empresario) y Aníbal Pinto Garmendia, presidente de de la república del país del sur .

LOS EMPRESARIOS CHILENOS EN LA GUERRA DEL PACÍFICO

A propósito de un video que un amigo me envió por WhatsApp sobre la entrevista a historiador chileno Jorge Baradit, que esclarecía las mentiras que en su país se dicen sobre el inicio de la guerra, responsabilizando al sector empresarial chileno y británico, quienes se habían visto perjudicados por las medidas tributarias que Bolivia estaba imponiéndoles y por las medidas estatizadoras que poco antes había tomado el presidente peruano Manuel Pardo y Lavalle. Baradit lo dice claramente, la guerra fue iniciada por Inglaterra, que manipuló los intereses expansionistas chilenos para conseguir beneficios económicos. Resalta además la participación del empresario chileno Agustín Edwards Ross, un poderoso empresario, ex militar, diputado del gobierno, dueño del banco más importante de Chile (El banco Edwards, subsidiario del Banco de Inglaterra) y del diario El Mercurio de Valparaíso (que a la postre se convertirá en El Mercurio, en 1901, el más influyente de ese país). Además, era dueño de la Compañía de salitres y ferrocarril de Antofagasta, que operaba en Bolivia extrayendo guano y salitre para la compañía Gibbs e hijo, representante de la corona británica en varios países sudamericanos. Resalta además, la participación del presidente chileno de ese momento, Aníbal Pinto, quien también era socio en la compañía de Edwards. 

La participación del empresariado chileno y de la corona inglesa en esta guerra no es algo nuevo, pues, desde la década de 1970, lo vienen sosteniendo varios historiadores peruanos como Heraclio Bonilla en Guano y burguesía en el Perú y Enrique Aramayo en La política británica en la Guerra del Pacífico. Otros que también han resaltado la participación británica en la guerra han sido los bolivianos Joaquín Aguirre Lavallén (Guano maldito) y Roberto Querejazú Aclaraciones históricas sobre la Guerra del Pacífico), el uruguayo Eduardo Galeano (Las venas abiertas de América Latina), el francés Francoise Schollaert y muchos más, incluyendo al Italiano Tomás Caivano, testigo presencial de la guerra, quien fue el primero en denunciar las reales motivaciones de la agresión chilena.

Lo afirmado en esta entrevista me motivó a corroborar lo que el historiador Baradit decía decía.  Resulta que la entrevista es del 2015 y se dio con ocasión de la publicación en Chile del libro Agustín Edwards Eastman: una biografía desclasificada del dueño de El Mercurio, del periodista Víctor Herrero, donde se hace una reseña histórica de la familia de este empresario y político, cuestionado por haber formado parte del golpe de estado contra Salvador Allende y de haber sido aliado de todos los gobiernos derechistas del país sureño, desde el dictador Augusto Pinochet hasta Salvador Piñera, poniendo la línea editorial de si diario El Mercurio, al servicio de la oligarquía chilena, manipulando la opinión de la población en beneficio de la derecha chilena.

LA HUELLA DE EDWARDS EN LA GUERRA DEL PACÍFICO (*)

Mientras los abogados de Chile tratan en estos días de convencer a los magistrados de La Haya de que esa corte no tiene competencia para obligar al país a negociar una salida al mar con Bolivia, vale la pena recordar algunos de los hechos que dieron origen a la Guerra del Pacífico. Y resulta que hubo un empresario chileno que contribuyó a desencadenar esa guerra y que, ciertamente, también rentó con ella. Se trata de Agustín Edwards Ross, el bisabuelo del actual Agustín Edwards. Así, al menos, lo constata el libro “Agustín Edwards Eastman: una biografía desclasificada del dueño de El Mercurio” (Debate, 2014), del periodista Víctor Herrero.

Lo que no consigna ese libro es que Agustín Edwards Mac Clure (hijo de Edwards Ross y abuelo del actual Agustín Edwards) fue también uno de los redactores del Tratado de Paz de 1904 firmado entre ambos países.

A continuación, presentamos algunos extractos del libro que, bajo el subtítulo “El negocio de las guerras”, se refiere a la participación de Edwards Ross en el conflicto que terminó con la salida al mar de Bolivia.

El negocio de las guerras

La forma cómo Agustín Edwards Ross contribuyó a desencadenar la Guerra del Pacífico comienza en 1873, cuando su padre le pidió que asumiera la presidencia de la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta, una sociedad anónima donde los Edwards tenían 42 por ciento de las acciones. En febrero de ese año, el joven Agustín Edwards de 21 años envió a un emisario suyo a La Paz para gestionar con el gobierno de Bolivia el reconocimiento de los derechos y concesiones de esa compañía para explotar y exportar salitre en amplias zonas de la región de Antofagasta, que entonces pertenecía al país vecino. Estas concesiones habían sido adquiridas cinco años antes al gobierno paceño por la firma Melbourne Clark & Compañía, conformada por capitales chilenos proporcionados por Francisco Puelma, Jorge Smith, la Casa Antony Gibbs & Sons, Agustín Edwards Ossandón (padre de Agustín Edwards Ross) y su protegido José Santos Ossa. El emisario enviado por el empresario chileno obtuvo del gobierno boliviano un contrato que autorizaba a la Compañía de Salitres y Ferrocarril la explotación del salitre por un período de 15 años, libre de derechos e impuestos.

Ese contrato favorable para los intereses salitreros chilenos nunca fue ratificado por el Congreso de Bolivia. Cinco años después, en febrero de 1878, la Asamblea Constituyente de ese país aprobó la ratificación del contrato con la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta «a condición de hacer efectivo, como mínimo, un impuesto de diez centavos en quintal de salitre exportado». Los capitalistas chilenos estaban indignados. Consideraban que se trataba de una abierta violación de su tratado firmado en 1873. Reclamaron airosamente ante el gobierno boliviano y ante su propio gobierno en Santiago para revertir la decisión.

El problema era que ninguno de los dos gobiernos consideraba en esos momentos que fuera un asunto tan grave.

Entonces, la estrategia de la compañía salitrera chilena fue aumentar la presión sobre el gobierno en Santiago. Francisco Puelma y Agustín Edwards Ross «visitaban periódicamente La Moneda demandando apoyo oficial» del gobierno de Aníbal Pinto, quien, por cierto, era deudor del Banco Edwards. Pese a su lobby, el gobierno chileno seguía sin interesarse mucho por la situación. Después de todo, unos años antes, en 1875, el gobierno de Perú había expropiado a los dueños de las salitreras en la región de Tarapacá, entre ellos varios chilenos, y la situación no había pasado a mayores. Ahora sólo se trataba de unos impuestos. Además, en esos meses, el gobierno chileno estaba lidiando con un problema fronterizo mucho más grave con Argentina en el sur del país.

Ante la tibia respuesta del gobierno, la compañía salitrera presidida por Agustín Edwards Ross decidió adoptar una táctica más dura: simplemente se negó a pagar los impuestos decretados por Bolivia. Y así, la situación comenzó a escalar.

Transcurridos nueves meses sin que la compañía pagara el tributo, al tiempo que continuaba operando normalmente sus minas en la región boliviana, finalmente al gobierno de La Paz se le agotó la paciencia. El 11 de noviembre de 1878 el prefecto de Antofagasta ordenó la detención y encarcelamiento de George Hicks, el británico que era el gerente general de la Compañía de Salitres y Ferrocarril, por ser «deudor al fisco de la cantidad de 98.848 bolivianos y 13 centavos». Sin embargo, la compañía continuaba negándose a pagar los impuestos y a los pocos días los bolivianos dejaron en libertad a Hicks.

Dos meses después, los acontecimientos se precipitaron. El 5 de enero de 1879, La Paz aprobó un decreto para confiscar los bienes de la compañía chilena, y anunció que remataría sus activos el 14 de febrero con el fin de recuperar los impuestos que adeudaba al fisco boliviano. Con ello, las operaciones de la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta quedaron efectivamente paralizadas y más de 2.000 mineros se quedaron sin trabajo.

Entre tanto, el gobierno de Pinto había cedido un poco a las presiones de los empresarios salitreros y había despachado al Blanco Encalada, su buque de guerra más poderoso, a Caldera, el último gran puerto y también el punto terminal de las líneas de telégrafo en territorio chileno. Era una primera señal de Santiago que estaba prestando más atención al pleito entre la compañía chilena con el gobierno del país vecino. Cuatro días después del decreto de confiscación, el buque de guerra ancló frente a la bahía de Antofagasta. Era una acción seria pero todavía fanfarrona del gobierno chileno que, en esos días, aún creía en una solución diplomática al conflicto.

Animados por esta movida de su gobierno, aunque decepcionados por no lograr acciones concretas para revertir la paralización de sus minas, la compañía redobló sus apuestas. El 14 de enero, bajo la presidencia de Agustín Edwards Ross, se reunió en Valparaíso el directorio de la empresa salitrera. En una carta que el representante de la firma Gibbs & Sons en el directorio de la compañía envió a sus superiores en Londres, resumía de la siguiente manera la nueva táctica de la empresa:

El señor Puelma recomendó gastar algún dinero para estimular a periodistas en los diarios para que publiquen artículos de naturaleza patriótica, es decir, de nuestro lado en este problema, y así fue acordado, de manera que podemos esperar la inmediata aparición de una serie de esos artículos en un diario de Santiago, probablemente El Ferrocarril, y en uno de Valparaíso, tal vez La Patria.

Efectivamente, en los días y semanas siguientes, ambos periódicos comenzaron a abandonar su línea periodística que se limitaba a informar del impasse en Antofagasta como parte de una serie de problemas en la política exterior chilena, para adoptar una postura más beligerante. Otros medios se sumaron a este nuevo tono. El 5 de febrero, por ejemplo, el diario Los Tiempos le hacía la siguiente pregunta a sus lectores respecto de Antofagasta:

¿Quién descubrió el cobre ahí? ¿Quién la plata? ¿Quién el guano? ¿Quién el salitre? Nosotros. Estamos ciertos de que vendrá de Bolivia la reacción del buen sentido. Mientras tanto, tengamos seca nuestra pólvora.

Justo el día en que la Compañía de Salitres y Ferrocarril iba salir a remate, el 14 de febrero de 1879, las tropas chilenas desembarcaron en el puerto de Antofagasta. Con ello, se evitaba que la empresa fuese adquirida por una firma de otro país, por ejemplo de Estados Unidos, con lo cual Chile ya no tendría oficialmente un interés en el conflicto. Ese mismo día, la empresa chilena pudo reanudar su producción salitrera. Dos semanas después de la ocupación de Antofagasta, Bolivia le declaró la guerra a Chile, y en virtud de un pacto secreto de asistencia mutua con Perú, este país también entró al conflicto. Un mes después, en abril de 1879, Chile les declaró oficialmente la guerra a ambos países. El conflicto bélico duraría poco más de cuatro años y causaría unos 14 mil muertos, según estimaciones conservadoras.

Llama la atención que tres de los cinco ministro que conformaron el primer gabinete de guerra chileno eran accionistas minoritarios de la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta. Ellos eran Antonio Varas, ministro del Interior; Domingo Santa María, ministro de Relaciones Exteriores, y Jorge Huneeus , ministro de Justicia.

Agustín Edwards Ross sacó dos lecciones valiosas del conflicto de 1879. La primera era que las guerras victoriosas son un negocio muy rentable. La segunda fue que la prensa es un factor clave en formar una opinión pública favorable a los intereses propios. De hecho, su compañía de salitres había logrado transformar un problema contractual entre una empresa y un Estado extranjero en una causa patriótica.

Respecto a la primera lección, los datos avalaban la intuición de Edwards. En 1879 la economía chilena creció 15,2 por ciento y en 1880 se expandió en 12,4 por ciento, los niveles más elevados en toda la segunda mitad del siglo XIX. Además, los negocios personales de Edwards Ross florecieron durante la guerra. Los siguientes acontecimientos ilustran este punto.

Pocas semanas después del comienzo de la guerra, el 31 de julio, apareció ante el notario de Antofagasta el estadounidense Charles C. Greene, el nuevo gerente general de la Compañía de Salitres y Ferrocarril. Greene, quien años después sería el cónsul de Estados Unidos en Antofagasta, pidió a nombre de 21 empleados de la empresa un permiso notarial para explorar yacimientos salitreros y de otros minerales en la región recién ocupada por Chile. Poco después, el 19 de agosto, Greene se presentó ante el nuevo gobernador chileno de Antofagasta e inscribió formalmente 51 estacas de salitre a nombre de este grupo de empleados. Los solicitantes no tuvieron que pagar nada por registrar estos yacimientos. Pues bien, el 29 de enero de 1880 los veintiún empleados que habían obtenido las concesiones comparecieron ante el notario de Antofagasta Benjamín Molina para ceder gratuitamente sus pertenencias a la Compañía de Salitres y Ferrocarril, que pasó así a ser dueño exclusivo de estas minas. El directorio que intervino en esta maniobra estaba compuesto por Agustín Edwards Ross, Francisco Puelma, Miguel Saldías, que era el abogado de la empresa, y Ricardo Escobar, que era el representante de las acciones de Gibbs & Sons.

La operación se mantuvo en secreto por más de 30 años. Pero en 1911 salió a la luz pública cuando Alberto Valenzuela de la Vega, una ciudadano común y corriente que se había enterado de las concesiones, entabló una querella en contra de la compañía con la esperanza de obtener una recompensa por denunciar «bienes fiscales indebidamente poseídos por terceros». Pero el fisco no se hizo parte de la demanda y cuando el conflicto judicial escaló hasta la Corte Suprema, la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta contrató a un abogado de primer nivel: Luis Barros Borgoño, un ex relator de esa misma corte y futuro vicepresidente de Chile. El juicio recibió bastante publicidad y en algunos diarios, en especial los de mancomunales obreras, era descrito como un ejemplo de cómo la oligarquía y el Estado se confabulaban para favorecer los intereses de los grandes empresarios.

Para cuando sucedieron estos hechos, Edwards Ross ya había fallecido y era su hijo, Agustín Edwards Mac Clure (fundador de El Mercurio de Santiago), quien resguardaba los intereses patrimoniales de la familia en esa compañía que, precisamente a partir de la Guerra del Pacífico, llegó a ser una de las más grandes en el negocio mundial del salitre. Por cierto, la compañía ganó la demanda.

Con el término de la Guerra del Pacífico, Agustín Edwards Ross emergía como una de las figuras más poderosas de Chile. No sólo había logrado expandir la vasta fortuna familiar, sino que ejercía también una enorme influencia empresarial y política. Los Edwards, que habían hecho fortuna en las inhóspitas y polvorientas ciudades y pueblos del norte chico, se instalaban ahora cada vez más cerca del centro mismo del poder.

• De Agustín Edwards Eastman: Una biografía no Autorizada

(*) Artículo publicado por el portal web DiarioUchile, el 4 de mayo de 2015.