La Pena de Muerte en el Perú I

LA MARCHA DE LOS CONDENADOS I

Hoy, la Pena de Muerte ha vuelto a la agenda social y, posiblemente, a la agenda política. Es clamor popular. Y es que, los recientes actos de violación seguido de asesinato (especialmente de niños y mujeres), marcaje y sicariato, cada vez más execrables, han recibido la enérgica condena social.  

Todos sabemos que la pena capital en el Perú se desterró para delitos civiles hace mucho tiempo, que solo está vigente para el delito de traición a la Patria en caso de guerra exterior, tal como lo dice nuestra Constitución Política, tal como aparece en el artículo 140°, donde además se lee que también se aplica al delito de terrorismo, conforme a las leyes y a los tratados de los que el Perú es parte obligada. ¿Qué significa esto? Pues que al ser miembro el Perú  de la Convención Americana de Derechos Humanos también conocida como el Pacto de San José, no puede aplicar la pena de muerte a ningún otro delito que no esté contemplado en este pacto. Dicho en palabras simples...NO SE PUEDE APLICAR LA PENA DE MUERTE, NI A LOS MARCAS, NI A LOS SICARIOS Y MUCHO MENOS A LOS VIOLADORES-ASESINOS DE NIÑOS. Para que esto ocurra, tendría que denunciarse el Pacto y salirse de la jurisdicción de la Corte, y eso que no se están tomando en cuenta los encendidos debates que se darán en el Congreso para modificar el dichoso artículo constitucional. Y, aunque la polémica esté encendida y el la población haga marchas exigiéndola, esto, al parecer, no ocurrirá.

Pero, ¿Alguna vez se aplicó la pena de muerte en nuestro país? ¿En algún momento fueron ejecutados delincuentes los comunes además de los traidores a la Patria? La respuesta a ambas preguntas es un rotundo SÍ.

UN POCO DE HISTORIA

La Pena Capital es un concepto legal relativamente nuevo en nuestra historia, sin embargo siempre ha estado presente en ella. Los pobladores antiguos la aplicaban. Eso lo sabemos por las crónicas que dejaron los españoles y cronistas indígenas como Guaman Poma de Ayala. Los Paracas, Moche, Nasca, Wari, Chimor y, especialmente, los Incas la aplicaron, mayormente con fines religiosos. Hay relatos de su aplicación, ya sea por lapidación, desollamiento, desbarrancamiento, descuartizamiento, decapitación o devorados por las fieras en las sancayhuasis, una especie de fosas llenas de animales salvajes, donde los condenados eran arrojados. Claro que si alguien lograba sobrevivir, era porque los dioses así lo querían, por lo tanto, se les perdonaba la pena y se les dejaba vivir. ¿Cuántos lo habrán logrado? Según Waldemar Espinoza, un tal Chuquimis, fue el único que sobrevivió. ¿Y por qué se condenaba a muerte? Guamán Poma da varias razones. Se aplicaba en caso de traición, atentado contra algún miembro de la nobleza o por delitos religiosos como la profanación de templos, destrucción de ídolos o violación de las acllas o sacerdotisas del sol. Imágenes de su aplicación abundan en su Nueva Crónica y Buen Gobierno.

Bajo la dominación española, los caso de ejecuciones aumentaron, especialmente durante las guerras civiles. Recordemos no más las muertes de Diego de Almagro, Francisco de Carvajal, Diego de Almagro El Mozo y Gonzalo Pizarro, quienes fueron condenados a muerte en forma sumaria tras perder sus respectivas rebeliones contra el poder establecido. Pero también se la aplicaron a los habitantes de este reino como la propio Atahualpa, a Túpac Huallpa o a Túpac Amaru, último Inca de Vilcabamba. En tiempos virreinales, la pena se aplicó de la mano con el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, que no le perdonaba la vida a los herejes, los hechiceros, los protestantes, los islamizantes y especialmente, a los judaizantes. El estrangulamiento en el garrote, la horca y la decapitación, se aplicaban a los condenados cristianos, pero si los que van a morir no profesaban la fe Católica, la hoguera estaba reservada para ellos. Los casos más sonados fueron los de el luterano francés Mateo Salade, quien fue condenado por hechicero, debido a que decía que se podía comunicar con los espíritus y el célebre proceso del 23 de enero de 1639, donde diez judaizantes portugueses y españoles, entre ellos  Luis Rodríguez da Silva y Francisco Maldonado da Silva, fueron quemados vivos. 

En las postrimerías del virreinato, la pena de muerte se aplicó a todos los que osasen rebelarse contra el poder español en búsqueda de la independencia. Los casos más conocidos son los ocurridos tras la gran rebelión indígena del sur, liderada por el cacique cusqueño Túpac Amaru II en los tiempos del virrey Agustín de Jáuregui. Por orden del Visitador Antonio de Areche, enviado especial del Rey Carlos III para sofocar la rebelión, el líder indígena primero fue torturado y sometido al suplicio para luego ser condenado al desmembramiento jalado por cuatro caballos. Como no pudieron arrancarle los brazos y las piernas, fue descuartizado y decapitado. Su esposa Micaela Bastidas también fue decapitada luego que no funcionara con ella la pena del garrote. Sus hijos, sus parientes y muchos de sus seguidores también fueron ejecutados. 

Más tarde, los criollos rebeldes también perecieron bajo la pena capital, ya sea por ahorcamiento, decapitación o fusilamiento, entre ellos los hermanos Mariano, José y Vicente Angulo, Enrique Paillardelle, Juan José Crespo y Castillo, Gabriel Aguilar, Manuel Ubalde, Mariano Melgar y Mateo García Pumacahua. Todos ellos, ejecutados durante el gobierno del virrey Fernando de Abascal, en la coyuntura revolucionaria que azotó hispanoamérica a inicios del siglo XIX, aprovechando la crisis en la que se encontraba el gobierno del Rey Fernando VII a causa de la invasión napoleónica. Poco después, con la promulgación de la Constitución Liberal de Cádiz de 1812, la pena de muerte es abolida en España y sus colonias, sin embargo, será restituida tras la expulsión de los franceses y la liberación de Fernando VII. 

Con la llegada de San Martín, el régimen virreinal incrementa su crisis, pues la presencia de un ejército extranjero desestabiliza la ya endeble estructura virreinal. El Virrey Pezuela es destituido por José de la Serna, por medio del Motín de Aznapuquio, pero su gobierno dura poco, pues tras una serie de infructuosas negociaciones con los altos mandos del Ejército Libertador en Miraflores primero y Punchauca después, se ve obligado a abandonar Lima, dejándola a merced de los invasores. José de San Martín, su líder, proclama la independencia el 28 de julio de 1821 y forma un gobierno provisional conocido como el Protectorado, donde va a abolir la pena de muerte en todo el territorio nacional controlado por él y su ejército.